Tiene credibilidad la justicia…?

Escrito por PA | 25 Diciembre 2006

Los medios de comunicación de la provincia de El Oro y el país, en grandes titulares el 5 de diciembre del 2006, participaron la noticia de la destitución de Magistrados de la Corte Superior de Justicia de Machala: Dr. Efraín Zambrano, en ejercicio de la Presidencia de la Corte Superior; Dr. Gabriel Izurieta, Dr. Simón Fernández, Abg. Bertha Romero Tandazo, Dr. Gabriel de los Reyes, Abg. Víctor H. Murillo G. y el Delegado Distrital del Consejo Nacional de la Judicatura de El Oro, Abg. Hólger Fernández Martínez.

El Consejo Nacional de la Judicatura no emitió criterio sobre el Dr. Teodoro Cordero Jaramillo, quien con fecha 23 de noviembre del 2005 presentó su renuncia al cargo;  todos partícipes con su silencio o voto para la designación del Notario Interno Segundo Dr. José Cabrera Gallardo, de la Notaría ocupada por su padre el Dr. José Cabrera Román, actos del más sonado caso de captación de dineros en el país, con lo que se perjudicó a miles de personas, quienes por su ambición desmedida colocaron sus ahorros, montos de jubilaciones, de bienes y dineros de dudosa procedencia, en esta fiduciaria fantasma o administradora de fondos sustentada en una imagen de aparecido moral, que llegó a involucrar a los hijos de este Carolina y José Cabrera Gallardo, en la llamada pirámide del delito.

El remezón que ha producido el caso Cabrera Román, es conveniente analizarlo desde nuevas perspectivas que conduzcan a facilitarnos una idea más cabal sobre los acontecimientos y la incidencia de los mismos en la sociedad e institucionalidad del país, concretamente en la Función Judicial, donde parte de sus miembros mojigatos o vivos criollos, avalaron por muchos años el doble funcionamiento de la Notaría Segunda de Machala.

La ley establece que tan responsables de los ilícitos que se cometen son los autores como los que colaboran para que estos se consuman y surtan los efectos que se planifican;  y más grave aún, quienes amparados en la función como la de la justicia se quedaron callados, se hicieron los ciegos y sordos de la verdad constante diariamente, como observar las columnas y filas de personas con paquetes de “pelotas”, circulaban todos los días y por muchos años en las “quijadas” de la Corte, con la venia de los Magistrados, Jueces, Policías y miembros de las FF. AA.;  aspectos estos, que ahora cobran los primeros sancionados y a quienes aún no se les aplica la Ley como corresponde, donde las sanciones dejen precedentes dignos de emular;  la destitución de magistrados y miembros del CSJ, no es lo único que justifique el haber permitido el cometimiento de estos ilícitos, que estuvieron a punto de ocasionarnos un desorden social de magnitud impredecible, porque los organismos del orden perdieron la credibilidad y esto facilitó que otros intenten impúdicos beneficios y lucros, los trastornos aún no cesan, hay mucha tela que cortar y funcionarios que investigar como Autoridades de Control, Superintendente de Bancos, legisladores y más miembros que asumieron conocimiento de estas anomalías con su silencio y a quienes aún no se les ha aplicado la Ley como les corresponde;  las listas de los involucrados está ahí, con nombres y apellidos, números de cédulas;  sin embargo, muchos de ellos pretenden confundir a la sociedad, sabiendo que son unos timoratos y se mantienen sus cargos, actos vergonzosos que merecen una depuración completa;  no podemos continuar aceptando y viviendo entre mentiras y falacias atrapadas en razones e incongruencias que denigran la majestad de la justicia y de las instancias de poder donde se sustenta la sociedad y la patria.

En todo este bullado ruido de inmoralidad manifiesta, donde fueron actores, cómplices y encubridores del delito perpetrado en la provincia de El Oro y con repercusión nacional e internacional los miembros de la Función Judicial;  su limpieza debe ser el inicio de los grandes cambios que se apliquen en las distintas funciones del Estado;  y, respecto a la administración de justicia, su depuración constituir la piedra angular que sustente la verticalidad de la misma, lo que significaría una revisión procesal que deje en claro muchos de los actos que se han amañado en este organismo, perjudicando a inocentes, destruyendo seres humanos y deteniendo en otros casos las resoluciones judiciales, lo que permite la práctica de negociaciones impúdicas e inmorales.

En el país no es nueva la presencia de prestamistas, de elementos que captan dinero, seres indómitos que no se sujetan a la Ley;  para estos elementos que esquilman el honor, dignidad y patrimonio de las personas, está demostrado que existe en estos sujetos una feroz vehemencia por la riqueza, que no importa dejar en la calle a quienes los someten, todo esto con complicidad de jueces y tribunales que solapan los públicos robos cometidos por los “chulqueros”, los mismos que solicitan las escrituras de casas, camaroneras y otros bienes en garantía, para luego embargarlas y adueñarse de las mismas, y luego ser defendidos por jueces corruptos y miserables a quienes defienden a capa y espada incluso por encima de las disposiciones legales que sancionan su presencia;  cómo demostrar o conocer que se cometen estos audaces robos y atropellos a los bienes?, muy fácil, exigiendo que todo proceso calificado y ordenado su trámite sobre cobros de dineros, sean puestos en forma inmediata a su calificación, en una página de INTERNET bien preparada para ello por la Corte Suprema.

Ante los acontecimientos que se han presentado en todo el país con la presencia de elementos que captan dinero: “Chulqueros”, “prestamistas”, “estafadores”, “tinterillos”, “cuentistas”, “embaucadores”, etc., es urgente que los JUECES que entran en el conocimiento de un proceso y que desconocen el verdadero origen de la transacción, indaguen a través de los pertinentes organismos, con la finalidad de que la verdad procesal brille con luz propia, y no se utilice a la Función Judicial por estos; la negligencia y falta de acuciosidad por parte de quienes deben y tienen la obligación de administrar justicia y no lo hacen con probidad, deben ser objeto de una sanción ejemplar no solamente la destitución de sus cargos.

Quienes violen la Ley y quienes permiten que se la viole, deben ser investigados sin restricción de naturaleza alguna y sancionados con las correspondientes penas.  En el país deben parar estas incongruencias y barbarismos jurídicos, que por un lado permiten la emisión de estos documentos letras de cambio de libre circulación y por otro, los mismos documentos sirven para robar públicamente con la venia de la Función Judicial.