La ministra coordinadora de Desarrollo Social, Jeannette Sánchez, señaló que ahora la meta es garantizar el acceso a servicios básicos de calidad, erradicar técnicamente la desnutrición infantil y alcanzar la universalización de la seguridad social.¿El Gobierno le apuesta a medidas estructurales?
Ese es el propósito de los ministerios de coordinación, que logren acoplar a todos los sectores. Solo para el tema de desnutrición, se ha otorgado agua y saneamiento, con los municipios y el Banco del Estado. El Ministerio de Vivienda tuvo que movilizarse a las áreas de mayor riesgo. El Ministerio de Salud dio atención a las madres embarazadas y al niño. El INFA intervino en desarrollo infantil y se tuvo que condicionar el Bono de Desarrollo Humano.
En un segundo momento nos planteamos la calidad de la inversión, es decir, no basta con ver con que la educación llegue, sino que sea de calidad, tanto en el sector urbano como en el rural, y para eso empezamos con un proceso de capacitación y evaluación a docentes y estudiantes, y con el mejoramiento del currículo de estudios. Para el próximo año iremos hacia el bachillerato único, la instalación de tecnologías y la conectividad.
¿La red pública en salud ha tenido avances?
Vamos a la conformación de una red pública integrada, que movilice a todo el servicio que ahora está desconectado, como son el IESS y el Seguro Social Campesino (que a veces duplican esfuerzos) con el Ministerio de Salud Pública. Para eso necesitamos manejar una ficha única, con el fin de que el paciente vaya a cualquier hospital y la información automáticamente se transfiera. También es necesario un tarifario único; es decir, que si uno va al IESS le cobren un valor y si va a otra casa de salud no le cobren otro. También necesitamos un sistema interconectado y un “call center” que funcione.
¿Cuáles son los sectores prioritarios para el Régimen?
El presidente Rafael Correa planteó, en su discurso del 10 de agosto, que la nutrición es prioridad A en el área social, y lo mejor es que ya tenemos una estrategia que encaminamos en la Sierra central y que ahora será a escala nacional, en las ciudades más grandes y de mayor riesgo, porque la meta es erradicar técnicamente la desnutrición infantil de los nuevos nacidos hasta el 2015.
Otro tema es plantear reformas a la seguridad social, una nueva ley que reforme la institucionalidad y la eficiencia. Se requiere de una rectoría y algunos cambios, que vayan de la mano de una reforma legal.
¿Habrá una nueva ley de seguridad social?
Estamos trabajando en una propuesta técnica que recoja las definiciones básicas acordadas con el presidente Correa, que ocurrirá en este segundo semestre; y si él nos da el visto bueno, la reforma y la ley se tramitarán el próximo año.
Sobre economía popular y solidaria, ¿qué está previsto?
Ese tema es importante, porque tiene que ver con el concepto de inclusión económica, que no se trata solamente de una inclusión en relación de dependencia, porque esa es una parte de la realidad, pero no de toda la población. Casi la mitad de la gente está inmersa en actividades generadas por iniciativa propia, las familias o cooperativas, que el Estado no ha visibilizado, pero que la Constitución sí lo hace y nos obliga a normar y a tener una política especializada para finanzas populares y para generar economía popular y solidaria. Por eso estamos trabajando en una nueva ley, que seguramente se planteará este mismo año, porque se trata de implementar una nueva institucionalidad.
Ya empezamos con la creación del Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria (IEPS), pero la nueva ley también tiene una Corporación de Finanzas Populares y una Superintendencia.
Un aspecto pendiente y que plantea la Constitución, es la universalización de la seguridad social. ¿Cómo avanza ese tema?
Para eso necesitamos una reforma legal, porque ahora uno de cada tres ecuatorianos está afiliado y para ir a la universalización tenemos que hacerlo responsablemente, recibiendo una contribución porque no todo puede financiarlo el Estado.
Por eso, el desafío que tenemos es incorporar a todos los que pueden o tienen capacidad de contribuir, porque la Constitución dice que es obligatorio de acuerdo a su capacidad de pago, y el reto es incluir a los independientes como son los profesionales y los actores de la economía popular.
Ahí la propuesta es dar un subsidio progresivo a quienes no tienen ingresos equivalentes al salario básico unificado (240 dólares mensuales); pero cuando hablamos de universalización, nos referimos a la pensión jubilar y al acceso a salud; los otros beneficios se incorporarán progresivamente, según la capacidad de aportación de la gente; pero es fundamental que todos contribuyan, aunque sea con un dólar, porque eso permitirá la sostenibilidad del programa.
¿Cuál es el estado actual de las personas con discapacidad?
Este es uno de los sectores donde hay mayor innovación, por supuesto que las brechas de desatención son muy grandes y no se podrán resolver en el plazo inmediato, pero hay que identificar dos casos: aquellas personas que tienen discapacidad irreversible y que podemos otorgarles medidas de protección e inclusión para que las condiciones de vida de ellas y de sus familias mejoren. Y el de la prevención, otro aspecto importante porque muchas de las discapacidades son prevenibles y ocurren por un mal cuidado en el embarazo o la mala atención del parto, y generalmente sucede en las zonas rurales.
Otras causas son los accidentes y la desnutrición, lo que se relaciona con la pobreza. Por eso, la Vicepresidencia pondrá en marcha un plan de exámenes para detectar esos casos, porque si se lo hace a tiempo hay más posibilidades de que el niño se recupere.
Para eso, es necesario capacitar a nuevos profesionales, porque una de las deficiencias del país es la falta de genetistas, cuando ya tenemos zonas identificadas con el mayor número de personas con discapacidad
Fuente:www,telegrafo.com.ec
